La reciente reforma de la ley orgánica 7/2014 ha abierto la posibilidad de hacer una rebaja en las penas de más de 40 etarras, entre ellos algunos históricos como ‘Txapote’, ‘Kantauri’, ‘Mobutu’ y ‘Gadafi’. La modificación legal, actualmente en trámite en el Senado, permitiría a estos presos de ETA descontar los años de cárcel cumplidos en Francia, adelantando así sus fechas de excarcelación. Esta situación ha sido señalada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que ha solicitado al Senado rechazar la propuesta.
Entre los principales beneficiados de esta reforma destaca Javier García Gaztelu, alias ‘Txapote’, conocido por ser el autor de asesinatos como el de Miguel Ángel Blanco. Según los cálculos de la AVT, ‘Txapote’ podría ver su condena reducida en más de seis años, lo que permitiría su salida de prisión en 2025, seis años antes de lo previsto. De manera similar, otros etarras como ‘Kantauri’, condenado por el asesinato de Alberto Jiménez Becerril y su esposa, también podrían beneficiarse de este adelanto.
La AVT ya había advertido de esta posibilidad en 2022, destacando que los años cumplidos en prisiones francesas permitirían a los etarras una rebaja de sus penas en un promedio de 7,8 años por preso. Además, esta medida no solo aceleraría su salida de prisión, sino que también facilitaría el acceso a beneficios penitenciarios como el tercer grado y la libertad condicional.
La AVT sobre el papel del Gobierno
La asociación es crítica con el papel del Gobierno en este proceso, denunciando lo que consideran una falta de sensibilidad hacia las víctimas del terrorismo. En este contexto, la AVT ha llamado a que se detenga la reforma en el Senado, al considerar que esta podría abrir la puerta a la liberación anticipada de terroristas con múltiples crímenes a sus espaldas.
La reforma de la ley orgánica 7/2014 y su posible impacto sobre la rebaja de penas de etarras ha generado un intenso debate en la sociedad, poniendo en primer plano la necesidad de balancear la justicia con el respeto a las víctimas. La decisión final en el Senado será determinante para el futuro de este polémico cambio legal.