El Gobierno ha arremetido este martes contra la reciente resolución del Tribunal Supremo de mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de 163.020 españoles que adquirieron la nacionalidad mediante la denominada «ley de nietos».
La ministra portavoz, Elma Saiz, ha tachado la medida de «extraordinaria gravedad» al considerar que «restringe el derecho al sufragio, uno de los derechos fundamentales de la Constitución», enfatizando que «el derecho a voto se garantiza, no se restringe».
La decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal impide a este colectivo ejercer su derecho al voto el próximo 29 de noviembre, con la única excepción de aquellos casos en los que las oficinas consulares logren certificar que se trata de descendientes directos de exiliados.
Ante este escenario, la Abogacía del Estado —que en su recurso inicial solicitaba el levantamiento de la suspensión— se encuentra analizando la resolución para determinar qué vías de actuación emprender, sin que Saiz haya aclarado si el Ejecutivo prevé recurrir la decisión ante el Tribunal Constitucional. Pese a las críticas, la portavoz ha recalcado que el Gobierno «siempre acata las resoluciones judiciales».
Por su parte, el Tribunal Supremo ha fundamentado su dictamen argumentando que debe prevalecer «la veracidad e inexistencia de irregularidades en el censo electoral sobre el interés particular del ciudadano».
Asimismo, el alto tribunal ha reprochado a los servicios jurídicos del Estado la falta de datos que justifiquen retirar la medida cautelar, sosteniendo que persiste el riesgo de constituir un Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de forma irregular y sin las garantías de objetividad, transparencia e igualdad que exige el sistema democrático. La resolución de la Sala Tercera ha salido adelante con cinco votos a favor y un voto particular.