La Fiscalía archiva la denuncia sobre las listas de Bildu al no apreciar delito
La asociación Dignidad y Justicia había solicitado la ilegalización del partido.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional no ve delito en las listas de Bildu a las municipales y autonómicas del 28 M integradas por 44 condenados de ETA, entre ellos siete por asesinato.
Tras la denuncia de Dignidad y Justicia, el Ministerio Público ha archivado las diligencias al considerar que su inclusión ni es constitutiva de delito ni «permite atisbar» que se cumpla un «supuesto de inelegibilidad».
La Fiscalía advierte a este respecto que son las Juntas Electorales las encargadas de controlar la «legalidad de las candidaturas presentadas por los partidos políticos» que pretendan concurrir a las elecciones.
Según explica en el decreto hecho público este miércoles, en el que abre diligencias de investigación y acto seguido las archiva automáticamente, «para un riguroso análisis de la denuncia, se han recabado las hojas histórico-penales de las personas condenadas a las que se hace expresa referencia en el escrito», que presentó el pasado jueves Dignidad y Justicia y que amplió después solicitando nuevas diligencias.
Tras examinar esta documentación, señala el decreto, «no se aprecia la concurrencia de circunstancia alguna que permita atisbar que nos hallemos ante un supuesto de inelegibilidad» de los previstos en el artículo 6.2 de la Ley de Régimen Electoral General (LOREG), «ni que los hechos objeto de la denuncia tengan trascendencia penal o constituyan un ilícito de esta naturaleza». Por ello, y a la vista de los antecedentes penales de las personas a las que se refiere la denuncia «se considera que los hechos denunciados no resultan penalmente típicos».
No obstante, al acordar el archivo de las diligencias de investigación, de las que han hecho cargo el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Jesús Alonso y la teniente fiscal Marta Durántez, la Fiscalía recuerda que le compete en todo caso «a las Juntas Electorales correspondientes» determinar la legalidad o no de esas candidaturas.
Dignidad y Justicia pidió comprobar si la inclusión en las listas de EH Bildu de 44 candidatos condenados por terrorismo, siete de ellos por asesinato -y que este martes anunciaron que renunciarán a sus actas en caso de ser elegidos-, cumplía con lo establecido en la Ley de Partidos Políticos, y si realmente tienen liquidadas sus penas de inhabilitación como exige la Ley electoral para concurrir a los comicios.
Para esta asociación, que preside Daniel Portero, hijo del que fuera fiscal jefe en Andalucía Luis Portero, asesinado por ETA, estas candidaturas pueden suponer «un flagrante incumplimiento» de la Ley de Partidos Políticos por parte de EH Bildu, lo que daría lugar «a su ilegalización». Añadía además en su denuncia que la concurrencia a las elecciones de los siete etarras que fueron condenados por asesinato, «en los propios municipios en los que cometieron los asesinatos y viven sus víctimas», causa ya de por sí «humillación y vilipendio» a las víctimas del terrorismo, si bien sobre esta cuestión la Fiscalía no se ha pronunciado.