El alcalde de Tánger, Mounir Lymouri, ha protagonizado dos episodios de conducta autolesiva en la prisión de Asilah, donde permanece encarcelado desde principios de octubre por su implicación en una trama de fraude electoral en las pasadas legislativas marroquíes.
Lymouri intentó suicidarse en un primer momento ingiriendo una elevada cantidad de medicamentos y, tras recibir asistencia médica, intentó autolesionarse golpeándose la cabeza contra la pared.
El regidor comparte celda con cerca de medio centenar de reclusos en un contexto de grave hacinamiento penitenciario. A las precarias condiciones de la cárcel se suma un deterioro severo de su estado de salud, marcado por hipertensión, agotamiento extremo y fuerte presión psicológica.
Debido a esta situación, el juez de instrucción del Tribunal de Apelación de Tánger aceptó la petición de su defensa para aplazar su declaración judicial hasta el 3 de noviembre y denegó la solicitud de libertad provisional.
Las pruebas del «pucherazo» y la huida a España
La investigación judicial se desencadenó durante los comicios tras la detención de dos personas que transportaban maletas con papeletas.
El análisis de las cámaras de seguridad de un hotel —cuyas imágenes habían sido borradas por la dirección del establecimiento y posteriormente recuperadas por la Policía— situó a Lymouri en el lugar donde supuestamente se manipulaban las papeletas a favor de su formación, el Partido de la Autenticidad y Modernidad (PAM), que ya lo ha suspendido de funciones.
Asimismo, el contable de las empresas de calzado del regidor admitió ante la Fiscalía haber participado en el marcado ilegal de los votos bajo las órdenes de Lymouri.
Tras iniciarse las pesquisas, el político marroquí huyó a España, donde posee vivienda, empresas y permiso de residencia. Durante los tres días que permaneció ilocalizable en territorio español pesó sobre él una orden nacional de búsqueda y captura, hasta que fue finalmente arrestado el 28 de septiembre al aterrizar en el aeropuerto de Tánger procedente de Málaga.
Vínculos empresariales con Defensa e Interior en España
El escándalo político en Marruecos salpica también a España por las conexiones comerciales del alcalde. Lymouri figura en la estructura societaria de una fábrica de calzado en Tánger vinculada a la firma riojana Calzados Robusta, adjudicataria de importantes contratos públicos españoles.
En 2025, el Ministerio de Defensa adjudicó a una UTE participada por Robusta un contrato de 17,1 millones de euros para suministrar botas militares al Ejército. Asimismo, la Policía Nacional otorgó licitaciones de calzado por 4,6 millones de euros a agrupaciones empresariales vinculadas a la firma.
Aunque la compañía española sostiene que rompió su alianza comercial con Lymouri en 2021, los registros mercantiles marroquíes siguen reflejando su vinculación en la planta donde se fabrica el calzado militar.