El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, bajo la dirección del Partido Popular (PP) desde 2023, ha anunciado una comisión especial para investigar presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos durante la administración anterior del PSOE. Los contratos, que ascienden a cerca de 40.000 euros, habrían sido adjudicados a familiares de las concejalas del PSOE Patricia Sánchez y Blanca Ibarra entre 2019 y 2023.
La investigación surge tras una auditoría interna que detectó adjudicaciones directas a empresas relacionadas con las dos ediles socialistas, lo que podría haber vulnerado la Ley de Contratos del Sector Público. En particular, se hace referencia al artículo que prohíbe a familiares de cargos electos recibir contratos del sector público.
El equipo de gobierno actual, encabezado por Judith Piquet, ha confirmado que presentará una denuncia en los tribunales, señalando que los contratos podrían tipificarse como prevaricación y malversación. Además de la vía judicial, el PP ha solicitado la creación de una comisión municipal para analizar las responsabilidades políticas de los implicados.
Desde el Partido Socialista (PSOE) de Alcalá de Henares, las acusaciones sobre las irregularidades en los supuestos contratos a dedo a familiares han sido negadas. Los socialistas se muestran tranquilos y aseguran que votarán a favor de la comisión de investigación. Acusan al PP de usar este asunto como una maniobra política para distraer de su gestión actual.
Este caso no es un hecho aislado en la Comunidad de Madrid, ya que se suma a otros episodios de corrupción en gobiernos socialistas, como el de Móstoles y Alcorcón, en los que altos cargos también enfrentan investigaciones judiciales por presuntas irregularidades.
La votación para la creación de la comisión se llevará a cabo el próximo 17 de septiembre en el pleno del Ayuntamiento. La resolución de este caso podría tener importantes repercusiones tanto a nivel local como regional.