La Audiencia Nacional ha cerrado filas en torno a la magistrada María Tardón después de las críticas del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por las condiciones de reserva impuestas a los agentes que participan en la investigación sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta.
La Sala de Gobierno del tribunal expresó este viernes por unanimidad su “absoluto respaldo” a la juez y rechazó que sus decisiones hayan supuesto una interferencia en asuntos relacionados con la seguridad nacional. Para los magistrados, Tardón está actuando dentro de las competencias propias de un juez instructor.
El pronunciamiento llega después de que Marlaska trasladara al Consejo General del Poder Judicial su preocupación por la decisión de impedir que los policías encargados de las pesquisas informaran a sus superiores sobre determinados aspectos de la investigación.
Desde Interior consideran que, dada la relevancia de lo sucedido en Ceuta y sus implicaciones para la seguridad nacional, determinados datos deberían poder ser conocidos por los responsables políticos para facilitar la toma de decisiones.
La Audiencia Nacional, sin embargo, pone el foco en la condición de Policía Judicial de los agentes que trabajan bajo las órdenes del juzgado. La legislación establece que, durante una investigación penal, estos efectivos dependen funcionalmente de jueces, tribunales y fiscales y están sujetos al deber de reserva sobre las diligencias practicadas.
La Sala también ha respaldado la respuesta de la presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, quien recordó que las decisiones adoptadas por la magistrada forman parte de su función jurisdiccional y no pueden ser revisadas por el órgano de gobierno de los jueces.
El conflicto se produce mientras continúa abierta la investigación sobre los acontecimientos registrados en Ceuta a finales de julio. Entre la documentación incorporada al procedimiento figura un informe policial que analiza tanto la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes como la difusión en redes sociales de mensajes que animaban a desplazarse hacia la frontera.
Más allá del contenido concreto de las pesquisas, el episodio ha abierto un debate sobre los límites del acceso del Ejecutivo a información policial cuando esta forma parte de una investigación judicial en curso.