La Consejería de Justicia e Interior ha firmado acuerdos de colaboración con la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir y la Universidad Miguel Hernández para llevar a cabo actividades enfocadas en mejorar el acceso a la justicia y la atención a las víctimas.
Estos acuerdos, cada uno con una dotación de 42.000 euros, fueron firmados por la consejera Salomé Pradas junto con el Rector de la Universidad Católica de Valencia, Manuel Pagán, y el Rector de la Universidad Miguel Hernández, Juan José Ruiz. En la ceremonia de firma, también estuvo presente Francisco Javier Soler, director general de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia.
La consejera Pradas destacó la relevancia de contar con el apoyo de las universidades para mejorar el acceso a la justicia y la atención a las víctimas. Resaltó que este tipo de colaboración es especialmente importante para proteger a las personas más vulnerables a través de iniciativas que incluyen investigación, información, formación y la difusión de servicios de asistencia jurídica gratuita y de apoyo a las víctimas del delito.
Pradas explicó que las universidades pueden contribuir significativamente con su labor de investigación y estudio para modernizar la Administración de Justicia. El objetivo es lograr que el sistema judicial sea más eficiente, accesible y de alta calidad.
En este contexto, la Consejería de Justicia e Interior está gestionando convenios con diversas universidades públicas y privadas de la Comunidad Valenciana, con un presupuesto total de 294.000 euros. Ya se han concretado acuerdos con la Universidad de Alicante, la Universidad de València, la Universidad Cardenal Herrera-CEU, la Universidad Miguel Hernández y la Universidad Católica de Valencia. Además, está prevista la firma de un acuerdo con la Universidad Jaume I de Castellón en breve.
La consejera también subrayó que, a diferencia de legislaturas anteriores, estos convenios incluyen tanto a universidades públicas como privadas. Este enfoque refleja la convicción de la Consejería de que no debe haber discriminación en el ámbito educativo y que todos los estudiantes deben tener las mismas oportunidades para desarrollarse y contribuir a la sociedad.