La Delegación del Gobierno en Ceuta trasladó al Ejecutivo central una advertencia sobre el riesgo de una entrada masiva de inmigrantes seis días antes de los acontecimientos del 30 de julio. Un informe fechado el 24 de julio advertía de que este escenario era «altamente probable» y alertaba de las graves consecuencias que podía tener para los servicios públicos y los dispositivos de seguridad.
El documento fue elaborado por Gonzalo Sanz, entonces jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, y enviado al Ministerio de Política Territorial, dirigido en ese momento por Ángel Víctor Torres.
Según la documentación, a la que ha tenido acceso El Pueblo de Ceuta, la Delegación no se limitó a constatar un aumento de la presión migratoria. El informe planteaba un escenario de especial gravedad ante la posibilidad de que una llegada multitudinaria provocara el desbordamiento de las administraciones e instituciones de la ciudad.
Entre las advertencias recogidas figuraba expresamente el riesgo de un «colapso de las administraciones e instituciones». Los responsables ceutíes contemplaban que la situación pudiera alcanzar una magnitud similar a la crisis migratoria de 2021 y afectar directamente a los servicios públicos y a la capacidad de acogida.
El informe también alertaba de las consecuencias que una entrada masiva podía tener para los agentes desplegados en la frontera. En concreto, señalaba que podía existir «un riesgo grave para la vida de los propios agentes» si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se veían incapaces de contener la situación.
Ante este escenario, la Delegación reclamaba refuerzos «a todos los niveles», planteaba la puesta en marcha urgente de un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) provisional y pedía estudiar mecanismos legales que permitieran acelerar los retornos a Marruecos.
Un informe que no apareció entre las alertas difundidas por el Gobierno
La relevancia del documento aumenta porque no fue incluido entre los 40 informes, alertas y comunicaciones que el Gobierno de Pedro Sánchez hizo públicos en septiembre para explicar qué información habían recibido las autoridades antes de la crisis.
Aquel conjunto documental incorporaba comunicaciones procedentes de organismos como la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS). Sin embargo, no aparecía el informe elaborado por la Delegación del Gobierno en Ceuta el 24 de julio.
La existencia de este documento ha trascendido durante la investigación judicial que dirige la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón. Gonzalo Sanz reconoció ante la juez que había sido el autor del informe y lo describió como un documento «muy contundente».
Tanto Sanz como el entonces delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, han aportado el documento a la Audiencia Nacional. La magistrada trata ahora de determinar si la versión remitida al Ministerio de Política Territorial contenía todas las advertencias incluidas inicialmente y cuál fue el recorrido de esa información dentro de la Administración.
Tres días después llegó una nueva advertencia pública
La preocupación de las autoridades ceutíes también quedó reflejada públicamente el 27 de julio. Tres días después de elaborar el informe, la Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma reclamaron una respuesta «extraordinaria e inmediata» ante la creciente presión sobre los servicios públicos.
De acuerdo con la información publicada por El Pueblo de Ceuta, aquel pronunciamiento no habría sido bien recibido en La Moncloa.
Solo tres días después, el 30 de julio, se produjo la entrada masiva de inmigrantes en territorio español, precisamente el escenario que la Delegación había trasladado al Gobierno central como una posibilidad de especial gravedad.
La documentación conocida hasta ahora no permite afirmar que las autoridades anticiparan con exactitud la dimensión que finalmente alcanzaría la llegada. Sí evidencia, en cambio, que la posibilidad de una entrada masiva había sido comunicada al Ejecutivo central con varios días de antelación.
El nuevo documento se suma así a las distintas alertas recibidas por el Gobierno antes de la crisis y abre nuevas preguntas en la investigación judicial sobre qué información llegó a las autoridades centrales, cuándo la recibieron y qué decisiones se adoptaron a partir de esas advertencias.