La Fiscalía Europea ha abierto diligencias para determinar si fondos de la Unión Europea pudieron ser utilizados de forma irregular en actividades relacionadas con la trama que presuntamente encabezaba la exmilitante socialista Leire Díez. El organismo europeo ha reclamado información a la Audiencia Nacional sobre la investigación que dirige el juez Santiago Pedraz.
Las actuaciones europeas se remontan al pasado mes de julio, cuando un particular presentó una denuncia ante la Fiscalía Europea alertando de que las pesquisas desarrolladas en España podían tener impacto sobre los intereses financieros de la Unión Europea.
El escrito pone el foco en las actuaciones atribuidas a Díez, investigada en la Audiencia Nacional por su presunta intervención para obtener información o influir en procedimientos relacionados con casos de corrupción que afectaban al Gobierno. La denuncia plantea, además, que estas actividades podrían haber contado con financiación procedente del PSOE y apunta al posible empleo irregular de recursos relacionados con la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo de 2024.
El denunciante recuerda que el PP había pedido a la Comisión Europea que analizara si determinados fondos vinculados a la financiación política europea pudieron destinarse a fines distintos de los declarados. Según la denuncia, de confirmarse esas circunstancias, podrían verse afectados los intereses financieros de la Unión Europea.
La investigación de la Audiencia Nacional
La solicitud de información de la Fiscalía Europea se produce mientras el juez Santiago Pedraz mantiene abierta una investigación sobre las actividades atribuidas a varios implicados. En sus resoluciones, el magistrado atribuye al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán un papel de coordinación en actuaciones que, según la investigación, pretendían interferir en procedimientos judiciales o policiales que pudieran perjudicar al partido o al Gobierno.
Según la hipótesis recogida por Pedraz, el entramado habría buscado obtener información y favorecer determinadas actuaciones mediante ofrecimientos de dinero o beneficios a funcionarios y otros profesionales relacionados con investigaciones abiertas.
En este contexto, los investigadores han documentado 39 encuentros entre Cerdán y Leire Díez entre abril de 2024 y mayo de 2025. De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, 22 de esas reuniones se produjeron en la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid. El juez considera que estos encuentros podrían haber servido para coordinar las actuaciones atribuidas a Díez y para informar de sus avances.
La relación entre ambos, según la investigación, no se habría limitado a las reuniones celebradas en la sede socialista. Los investigadores han identificado además al menos otros 17 encuentros cuya localización no consta o que se habrían producido fuera de las dependencias del partido. El último de los encuentros identificados estaría fechado el 21 de mayo de 2025.
Pagos y gastos vinculados a la investigación
Otra de las líneas de investigación se refiere a los pagos que, según el juez, podrían haber salido del PSOE y haberse destinado a personas relacionadas con las actuaciones investigadas. Pedraz sitúa en unos 188.000 euros la cantidad que presuntamente habría abonado el partido mediante facturas que el magistrado considera vinculadas a esas actividades.
Entre las cantidades señaladas figuran 16.000 euros atribuidos a Leire Díez a través de una consultora vinculada al exvicepresidente de Andalucía Gaspar Zarrías. También aparecen pagos de 27.225 euros al abogado Ismael Oliver, 125.000 euros al abogado Jacobo Teijelo y otros 20.000 euros a la periodista Patricia López, según la documentación judicial.
La investigación analiza asimismo los gastos de desplazamiento de Díez. Después de su primera reunión con Cerdán en la sede del PSOE, el 26 de abril de 2024, una trabajadora del partido habría gestionado un billete de avión para su regreso a Cantabria. Para el juez, este episodio constituye uno de los indicios de que el partido habría asumido de forma recurrente determinados gastos relacionados con los desplazamientos de la exmilitante socialista.
La Fiscalía Europea deberá ahora determinar si los hechos denunciados presentan elementos que entren dentro de sus competencias y si existió algún uso irregular de recursos procedentes de fondos comunitarios. La investigación española y las diligencias europeas permanecen abiertas, por lo que las acusaciones recogidas en la documentación judicial están pendientes de esclarecimiento.