La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana ha puesto freno, al menos por ahora, a la intención de imputar al expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por su gestión de la DANA que el 29 de octubre de 2024 dejó 230 muertos en la provincia de Valencia.
En un informe remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el Ministerio Público considera que “en este momento no se cuentan con datos o indicios con suficiente solidez” para justificar la imputación del exmandatario.
La posición de la Fiscalía supone un revés para la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, que había elevado una exposición razonada al alto tribunal para que investigara a Mazón.
La Fiscalía pide devolver la causa al juzgado instructor
El Ministerio Público solicita al tribunal que devuelva el procedimiento al juzgado de Catarroja para que continúe la investigación antes de decidir si existen responsabilidades penales del expresidente.
No obstante, el informe deja abierta la puerta a que la situación cambie si aparecen nuevas pruebas durante la instrucción.
La Fiscalía admite que no puede descartarse una eventual responsabilidad penal, pero sostiene que el material disponible por ahora no permite dar ese paso procesal.
El debate sobre el papel de Mazón en la emergencia
La jueza instructora considera que existen indicios de una “inactividad negligente” por parte de Mazón durante la jornada de la catástrofe.
Según su tesis, el entonces presidente valenciano habría permanecido ajeno a la gravedad de la situación mientras se desarrollaban las riadas, lo que habría contribuido a una cadena de errores en la gestión de la emergencia.
Uno de los elementos que la magistrada señala es que la emergencia autonómica no fue declarada desde la Presidencia, algo que habría alterado la cadena de mando en la gestión del desastre.
La Fiscalía cuestiona la base jurídica de la imputación
El fiscal, sin embargo, subraya que la legislación valenciana no atribuye competencias directas en protección civil al presidente de la Generalitat.
“La ley 13/2010 no atribuye ninguna competencia específica en materia de protección civil y gestión de emergencias al presidente de la Generalitat”, recoge el informe.
Además, recuerda que la situación de emergencia catastrófica autonómica nunca fue declarada por Mazón, lo que mantuvo la cadena de mando ordinaria.
Las conversaciones telefónicas siguen bajo análisis
El informe también analiza las llamadas telefónicas y mensajes intercambiados durante el día de la tragedia entre Mazón y la entonces consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.
Según la Fiscalía, esas comunicaciones no permiten concluir con certeza que Mazón impartiera órdenes o instrucciones sobre la gestión de la emergencia.
Aunque existen llamadas registradas durante la tarde de la tragedia —cuando la situación ya era crítica en localidades como Utiel—, el contenido de esas conversaciones no se conoce con precisión.
El TSJ valenciano decidirá ahora
La última palabra sobre el futuro judicial de Mazón corresponde ahora a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ valenciano.
El tribunal encargado de deliberar está compuesto por cinco magistrados: su presidente, Manuel Baeza, junto a Pía Calderón —ponente del caso—, José Francisco Ceres, Antonio Ferrer y Vicente Torres.
Mientras tanto, la investigación continúa en el juzgado de Catarroja, donde siguen imputados la exconsellera Salomé Pradas y el exdirector general de Emergencias, Emilio Argüeso.
La causa busca esclarecer si hubo negligencias en la gestión de una de las mayores catástrofes naturales recientes en España, mientras las familias de las víctimas esperan que el proceso judicial determine responsabilidades.