Las comunidades de Madrid, Aragón, Cantabria, Galicia, Andalucía y Castilla y León, del PP, ya han mostrado su predisposición a acudir a los tribunales para confrontar al Gobierno, tras el acuerdo pactado con Junts para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes no acompañados. Este pacto consiste en la distribución de niños y jóvenes que actualmente saturan los servicios sociales en territorios como las Islas Canarias.
«Un lastre para todos»
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya se ha pronunciado e indica que llevará ante los tribunales y la Unión Europea (UE) el acuerdo «lamentable» de reparto de menores migrantes. También aprovechó para criticar la política migratoria del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmando que es «un lastre para todos».
Por su parte Jorge Azcón, presidente de Aragón, aseguraba que cuando el acuerdo con Junts se publique en el BOE, los servicios jurídicos de su Comunidad lo estudiarán para presentar un recurso ante los tribunales españoles y europeos. Y desde el gobierno de Cantabria, acusaban a Sánchez de falta de «lealtad institucional, información y colaboración», con respecto al reparto de los menores migrantes que llegan solos a España, entre las comunidades autónomas.
De igual manera se han pronunciado Alfonso Rueda y Juanma Moreno, dirigentes en Galicia y Andalucía, que han criticado este martes la «falta de información» del Gobierno central a las comunidades autónomas sobre el reparto. Ambos añadían que no descartan un posible recurso en los tribunales una vez que dispongan de todos los datos y sean analizados.
Finalmente Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, comentó que ha dado instrucciones a los servicios jurídicos de la región para recurrir el real decreto de reparto de menores migrantes y las normas de desarrollo. Ello, dijo, tras la ausencia de una comunicación oficial por parte del Gobierno sobre el reparto que, ha incidido, debería ser «acordado y jamás impuesto».
«Mercadear con niños migrantes»
Por si no fuera suficiente, han denunciado el reparto de menores las comunidades de La Rioja, Baleares y Región de Murcia, gobernadas también por el PP. El Gobierno de la primera se queja de que «no tiene ninguna información» sobre el expediente aprobado, y exige «lealtad y diálogo» al Gobierno de España.
Por su parte Fernando López Miras, presidente de Murcia, denunciaba que la situación en su comunidad es «insostenible», pues habría «sobrepasado» el 200% de su capacidad real. Dicho esto, demandaba un reparto equitativo de los menores entre todas las autonomías.
Finalmente, el Gobierno balear rechazaba la imposición desde Moncloa de que deban acoger a otros 59 menores inmigrantes no acompañados. Por tanto, desde el ejecutivo insular ha avisado de que la Abogacía de la comunidad autónoma revisará a qué obliga el decreto y si se puede rechazar.