El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha tenido que incrementar su plantilla en un 47,62% desde 2018 debido a la creciente opacidad del Gobierno central, según The Objective. Este incremento responde al aumento en un 68,8% de las resoluciones emitidas por el organismo, muchas de las cuales no se cumplen, siendo el 13,5% solo en 2024. Las administraciones públicas recurren con frecuencia al silencio administrativo para evadir las solicitudes de información, lo que ha generado críticas por la falta de transparencia.
El problema de la opacidad se ha convertido en un tema central en el debate sobre la transparencia institucional en España, especialmente ante el creciente número de solicitudes de información que no se han atendido o se han ignorado. Esta situación ha obligado al CTBG a aumentar su presupuesto y su plantilla para poder gestionar la sobrecarga de trabajo derivada de este problema.
Además, el Gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto un «Plan de Acción por la Democracia» que incluye 31 medidas destinadas a mejorar la transparencia en las administraciones públicas, así como en los medios de comunicación. Sin embargo, este plan ha sido criticado, ya que contrasta con el alto nivel de opacidad que sigue caracterizando a la actual administración. Entre los asuntos que han quedado sin respuesta destacan las solicitudes relacionadas con la gestión de la pandemia de COVID-19 y los gastos relacionados con los viajes oficiales de los miembros del Gobierno.
El frecuente uso del silencio administrativo ha sido una de las principales causas del incremento en la carga de trabajo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Aunque el nuevo plan de transparencia promete avances, muchos críticos señalan que la falta de cumplimiento de las resoluciones emitidas sigue siendo un obstáculo importante para garantizar una verdadera rendición de cuentas y acceso a la información pública.