Esta semana, Puigdemont presentaba ante el Tribunal de Cuentas un escrito con la petición de una ‘absolución contable’ por las actuaciones vinculadas al procés. Pero no solo esto, sino que también se pide al mismo que renuncie a acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea «TJUE» alegando falta de competencia para ello.
Esto se debe a que previamente el supremo órgano fiscalizador de la gestión económica había presentado una cuestión prejudicial ante a justicia europea, buscando que el TJUE tome cartas en el asunto con la Ley de Amnistía. Sin embargo, Puigdemont asegura que el Tribunal de Cuentas no es un órgano jurisdiccional, aun desempeñando funciones en este ámbito, y añade que es «descabellada, extemporánea, antijurídica y extravagante su pretensión» de acudir a la justicia europea. Y es que para él se trata de un movimiento para «criminalizarle», por parte de un órgano que cuenta con una «sistemática vulneración del Derecho de la UE».
Si bien numerosos tribunales españoles comenzaron a preguntar a las partes, con la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, sobre cómo afecta esta normativa a distintos procedimientos, el Tribunal de Cuentas daba un paso más y pedía informes sobre si procede acudir al TJUE para tratar varios de los artículos de esta Ley. Concretamente, la consejera a cargo de este procedimiento contable cuestionaba si cinco de estos preceptos «podían oponerse a la interpretación» que registra el TJUE en derecho comunitario. Además, el contenido de Ley de Amnistía incluye los ámbitos excluidos del perdón, entre los que se encuentran aquellos «delitos que afectaran a los intereses financieros de la Unión».
Dos demandas millonarias
El pasado mes de mayo, Carles Puigdemont defendía su postura ante el Tribunal de Cuentas: «No se ha conseguido determinar la cuantía (de fondos) supuestamente desviada», con respecto a él y a otros 34 antiguos cargos de la Generalitat, con respecto a los hechos que giraron en torno al 1 de octubre de 2017. El mismo afirmaba que no es posible fijar ninguna cantidad, ya que según él se trata de «unos hechos que simplemente no existen».
En coherencia con esta petición, la defensa de Puigdemont reclamaba su absolución, así como la desestimación de las demandas interpuestas por la Fiscalía y por Sociedad Civil Catalana por el procés. La primera habla de un «menoscabo real, efectivo y plenamente individualizado» a la Administración, reclamando de forma conjunta y solidaria para los 35 encausados casi 3,1 millones de euros. En la segunda se exigen, en cambio, 5 millones de euros a los mismos.