Carles Puigdemont ha introducido una nueva variable en el complejo tablero político español. Su reciente sugerencia de debatir una cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados, aunque carece de viabilidad práctica al ser prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno, está logrando su propósito: alterar los tiempos legislativos. Esta maniobra política ya ha tenido un impacto directo, retrasando la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025. Ahora, se espera que no vean la luz hasta mediados de abril, justo antes de Semana Santa.
Este retraso no solo afecta al ámbito estatal, sino que tiene ramificaciones significativas en Cataluña. Salvador Illa, líder del PSC en el Parlamento catalán, depende de que los presupuestos nacionales avancen para poder desbloquear las cuentas de la Generalidad. Desde el PSC confirman que los calendarios de ambas administraciones están interconectados, subrayando la dependencia mutua entre los gobiernos de Madrid y Cataluña.
Puigdemont y su historial con las cuestiones de confianza
La relación de Puigdemont con las cuestiones de confianza no es nueva ni casual. En 2016, siendo presidente de la Generalidad, utilizó esta herramienta política con maestría para consolidar su camino hacia el proceso independentista, gracias al respaldo de la CUP. No obstante, con el tiempo, Junts per Catalunya ha llevado esta estrategia al límite, empleándola incluso en escenarios poco convencionales. Un ejemplo destacado fue la exigencia de una cuestión de confianza a Pere Aragonès, en aquel entonces su socio de gobierno. Este movimiento tuvo consecuencias de gran alcance: el cese del vicepresidente Jordi Puigneró, la ruptura definitiva de la coalición y, finalmente, el colapso del mandato de Aragonès que condujo a la convocatoria de elecciones anticipadas.
Ahora, desde Bruselas, Puigdemont parece dispuesto a reeditar esta fórmula como una táctica de presión sobre sus aliados y adversarios políticos. Aunque en Moncloa no se contempla que Pedro Sánchez se someta realmente a una cuestión de confianza, fuentes cercanas al Gobierno indican que podrían permitir que el Congreso debata la propuesta como un gesto simbólico hacia Junts, un socio imprescindible pero cada vez más crítico por la falta de resultados tangibles en las negociaciones.
Un juego político condicionado por la amnistía
El alcance de estas maniobras políticas sigue limitado por un elemento clave: el fallo pendiente del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía. Se prevé que esta resolución no llegue antes de octubre, lo que condiciona el margen de acción de Puigdemont y otros líderes independentistas. Hasta entonces, su capacidad de presión estará moderada, lo que otorga a Pedro Sánchez cierto respiro político. Durante este período, los incentivos para que el separatismo colabore en la aprobación de los presupuestos parecen superar a los que podría tener para bloquearlos.
Este escenario recuerda los movimientos de Junts en el pasado, especialmente cuando utilizaron la cuestión de confianza como herramienta para marcar distancia con un proyecto político en declive, como ocurrió con el gobierno de Aragonès. Las elecciones posteriores validaron la estrategia de Puigdemont, que ahora podría estar considerando un enfoque similar. Sin embargo, todo dependerá de los avances relacionados con la amnistía, un tema que será determinante para fijar las prioridades políticas de Junts en los próximos meses.