Las víctimas plantearán una nueva vía para tratar de que se ilegalice a EH Bildu
A través de esta nueva vía, la asociación que preside Daniel Portero apela al artículo 9.3 c de la ley de partidos políticos, que contempla como causa de ilegalización incluir en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas que no hayan rechazado los fines terroristas.
En el caso de los 44 candidatos condenados por terrorismo, siete de ellos por asesinato, que se han comprometido a renunciar a sus cargos en caso de ser elegidos, Dignidad y Justicia sostiene que ninguno ha pedido perdón por sus delitos ni ha colaborado con la Justicia en la resolución de otros crímenes de la banda, según han indicado este miércoles a EFE fuentes de esta asociación.
Estas mismas fuentes explican que la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha archivado la denuncia que presentó esta asociación en relación con estas listas electorales, se ha limitado a comprobar la situación penal de los candidatos, pero no ha entrado a valorar los supuestos de ilegalización ni si se cumplía o no el citado precepto de la ley de partidos.
Por ello, Dignidad y Justicia optará ahora por plantear esta cuestión ante la Fiscalía del Supremo para que se pronuncie sobre si la inclusión de estos candidatos en las listas de EH Bildu es motivo o no para instar a su ilegalización.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha dictado un decreto en el que archivaba la denuncia presentada la semana pasada de Dignidad y Justicia, al considerar que la inclusión de esos 44 candidatos condenados por terrorismo ni es constitutiva de delito ni «permite atisbar» que se cumpla un «supuesto de inelegibilidad».
Además, recordaba a esta asociación que le compete en todo caso «a las Juntas Electorales correspondientes» determinar la legalidad o no de esas candidaturas.
En su denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Dignidad y Justicia consideraba que estas candidaturas pueden suponer «un flagrante incumplimiento» de la ley de partidos políticos por parte de EH Bildu, lo que daría lugar «a su ilegalización».
También señalaba que la concurrencia a las elecciones de los siete condenados por asesinato «en los propios municipios en los que cometieron los asesinatos y viven sus víctimas», causa ya de por sí «humillación y vilipendio» a las víctimas del terrorismo, si bien la Fiscalía no se ha pronunciado sobre ninguna de estas cuestiones.