Los servicios de información e inteligencia españoles no atribuyen a Israel, Rusia ni a una supuesta «alianza ultraderechista» internacional la organización de la entrada masiva de unas 80.000 personas en Ceuta a finales de julio. Así lo señalan fuentes conocedoras de las investigaciones abiertas sobre aquellos acontecimientos, que contradicen la explicación ofrecida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien en una entrevista en la Cadena SER apuntó a esos actores y descartó la responsabilidad de Marruecos.
La investigación diferencia, no obstante, entre provocar la crisis y tratar de aprovecharla posteriormente. La Unión Europea ya ha advertido de que actores vinculados a servicios de inteligencia extranjeros pudieron intentar explotar la situación en beneficio de sus propios intereses. Sin embargo, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) sostiene que no existen pruebas concluyentes de que la crisis fuera desencadenada por una campaña de desinformación rusa. El organismo europeo tampoco atribuye un papel a Israel ni recoge la existencia de la denominada «internacional ultraderechista» mencionada por Sánchez.
El Gobierno español conocía el contenido de ese informe europeo, que fue compartido con las autoridades españolas. El documento señala que Rusia trató de sacar partido de la crisis en internet, pero establece una diferencia fundamental: no existen evidencias concluyentes de que la propia crisis fuese provocada por una campaña de desinformación impulsada por actores estatales extranjeros.
Un informe policial apunta a la inteligencia marroquí
La situación se complica para el Ejecutivo tras conocerse un informe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía remitido a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, encargada de investigar el caso. El documento atribuye a la inteligencia marroquí la organización de los acontecimientos, una conclusión que choca frontalmente con la versión mantenida hasta ahora por el Gobierno.
La difusión del informe ha generado preocupación en el Ejecutivo, especialmente porque sus conclusiones proceden de los propios servicios policiales españoles y cuestionan la explicación oficial sobre lo ocurrido. Además, el documento ha trascendido apenas 24 horas antes de la comparecencia de Sánchez en el Congreso, donde el presidente debe dar explicaciones sobre la crisis de Ceuta.
En el Gobierno se interpreta la filtración como un movimiento destinado a debilitar al Ejecutivo, que atraviesa uno de los momentos más delicados de la legislatura.
El contenido del informe también pone bajo presión la política seguida por el Gobierno respecto a Marruecos. Hasta ahora, la actuación de Rabat ante la llegada masiva de personas a Ceuta se había presentado fundamentalmente como un episodio de inacción o pasividad. La documentación policial conocida ahora introduce una acusación mucho más grave: que los servicios de inteligencia marroquíes habrían desempeñado un papel activo en la organización e impulso de los acontecimientos.
El hecho de que el informe haya sido incorporado a una investigación judicial dificulta, además, que el Ejecutivo pueda restarle importancia o ignorar sus conclusiones.
La Policía ya había advertido de una posible avalancha
A esta situación se suma la aparición de otros documentos procedentes de la misma Comisaría General. Según esos informes, la Policía había advertido varios días antes de la crisis de que podía producirse una llegada masiva de miles de personas.
La existencia de esos avisos supone otro problema para el Gobierno, que hasta ahora había sostenido que no disponía de información previa que permitiera anticipar un episodio de semejantes dimensiones.
El conjunto de documentos conocidos cuestiona así dos elementos centrales de la explicación oficial: por un lado, el origen y la organización de la crisis; por otro, el grado de conocimiento previo que tenían los organismos españoles sobre lo que podía suceder en Ceuta.
Marlaska, en el foco por el control de la información
La controversia alcanza también al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La publicación de un informe de semejante relevancia plantea interrogantes sobre el grado de conocimiento que tenía la cúpula del Ministerio acerca de la información manejada por la Policía.
Marlaska ha solicitado explicaciones al director general de la Policía, Francisco Pardo, mediante una carta, una iniciativa considerada excepcional por las circunstancias que rodean el caso. El malestar dentro del Ministerio es elevado y no se descarta que las consecuencias puedan traducirse en cambios o destituciones en la cadena de mando policial.
El episodio deja además al ministro en una posición de especial debilidad dentro del Gobierno. La cuestión no afecta únicamente al contenido de los informes, sino también al control de información considerada sensible dentro de un asunto de máxima importancia para el Ejecutivo.
La filtración de estos documentos, unida a las conclusiones de las investigaciones policiales y a las discrepancias con el análisis del Servicio Europeo de Acción Exterior, abre así una nueva crisis política para Sánchez justo antes de su comparecencia parlamentaria sobre los acontecimientos de Ceuta.