La propuesta del Gobierno español para conseguir la oficialidad del catalán, euskera y gallego en la Unión Europea (UE) sigue enfrentando importantes reticencias entre varios Estados miembros. A pesar del apoyo de algunos socios, la falta de unanimidad complica el avance de esta iniciativa impulsada por España.
Países como Suecia, Finlandia y Austria han expresado públicamente sus reservas respecto a la reforma del reglamento lingüístico que permitiría incorporar estas lenguas cooficiales. Uno de los principales obstáculos es la necesidad de unanimidad entre los Veintisiete, un requisito que dificulta cualquier modificación en este sentido.
Obstáculos legales y económicos frenan el consenso
Desde Finlandia, el ministro de Asuntos Europeos, Joakim Strand, ha subrayado que el tema “no está maduro” y que, por tanto, considera prematuro proceder a una votación. Una posición similar ha adoptado Austria, donde la ministra Claudia Plakolm ha manifestado dudas legales y preocupaciones sobre los costes derivados de una posible oficialidad.
Por su parte, la ministra de Asuntos Europeos de Suecia, Jessica Rosencrantz, ha reconocido la importancia del asunto para España, pero ha insistido en que su país todavía tiene interrogantes por resolver y prefiere esperar a escuchar a otros socios antes de adoptar una posición definitiva.
En contraste, Dinamarca y Eslovenia han adelantado que no bloquearán la propuesta si esta llega finalmente a votación, ofreciendo así un leve respaldo a la iniciativa española.
España presiona, pero no logra el respaldo necesario
Desde Bruselas, fuentes diplomáticas señalan que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está empleando un alto capital político para lograr un consenso que permita la inclusión del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales en las instituciones comunitarias.
Este martes, el titular de Asuntos Europeos de Polonia, Adam Szlapka, que ejerce la presidencia del Consejo de la UE, ha indicado que se espera una decisión sobre el futuro de estas lenguas en la reunión del Consejo de Asuntos Generales, aunque las posibilidades de un acuerdo inmediato parecen escasas.
Con un contexto político sensible y numerosos interrogantes jurídicos y presupuestarios sobre la mesa, la oficialidad del catalán, euskera y gallego en la UE continúa en suspenso, a la espera de lograr el difícil respaldo unánime de todos los Estados miembros.