Vox ha interpuesto una querella contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el Abogado General del Estado, alegando que han perseguido injustamente al juez Juan Carlos Peinado. La acción legal, que fue presentada recientemente ante el Tribunal Supremo, acusa a estos altos cargos de llevar a cabo una campaña de acoso y persecución contra Peinado por sus decisiones judiciales que, según Vox, no han sido del agrado del Gobierno.
La formación liderada por Santiago Abascal sostiene que el Gobierno ha tratado de influir en la independencia del poder judicial al promover acciones legales y administrativas contra Peinado, con la finalidad de intimidarlo y deslegitimar su labor.
La querella, que abarca varias acusaciones, entre ellas prevaricación y coacción, busca que el Tribunal Supremo investigue la supuesta injerencia del Ejecutivo en la independencia judicial.
La base de la acusación de Vox se centra en ciertas resoluciones dictadas por Peinado que han sido impugnadas por el Ejecutivo y el Abogado General del Estado, y que el partido considera como legítimas y ajustadas a derecho. Según el partido, estas acciones del Gobierno constituyen una clara violación de la separación de poderes y representan una grave amenaza para la democracia española.
En la querella, Vox argumenta que existe una «persecución política y judicial» orquestada desde el Ejecutivo, y que la misma responde a motivos ideológicos. Asimismo, Vox ha insistido en que esta situación pone de manifiesto la necesidad de defender la independencia judicial frente a lo que considera un abuso de poder por parte del Gobierno.
El portavoz de Vox ha declarado que no permitirán que se ataque a un juez por cumplir con su deber y subrayó que este tipo de injerencias son inadmisibles en un Estado de derecho. Según sus palabras, «es fundamental garantizar que el poder judicial pueda actuar sin presiones ni amenazas por parte de otros poderes del Estado.»