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TRIBUNA

Acabar con el español como lengua común

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Para comprender el protagonismo de las lenguas regionales en el proceso de deconstrucción de la Nación española y su transformación en un conjunto de mininaciones confederadas bajo un mismo Estado, resulta revelador observar el empeño que los nacionalistas catalanes, gallegos o vascos ponen en sustituir los hábitos lingüísticos de los hablantes en sus respectivas regiones, ya se trate de Cataluña, Baleares, Valencia, Galicia o Vascongadas. 

En todos los estatutos de autonomía y en las leyes lingüísticas que los desarrollan se ha elevado a categoría indiscutible la idea de que la lengua “propia” de los habitantes de aquellos territorios no es el español, lengua ajena, que habría acabado imponiéndose debido al protagonismo político de Castilla, sino los dialectos que sus ancestros usaban en la Edad Media o en épocas anteriores, eso sí, convenientemente compilados, unificados y reinventados en el siglo XX por las academias de la lengua creadas al efecto. Con semejante concepción no es de extrañar que se considere como una anomalía que tales lenguas no se usen mayoritariamente. “Minorización” que hay que corregir mediante la normalización lingüística. Cincelada esta idea en las normas orgánicas que diseñan el Estado de las Autonomías, por supuesto el Tribunal Constitucional siempre ha dado por buena la inmersión lingüística, sin otro límite que no excluya totalmente el castellano, aún única lengua oficial del Estado. 

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Pero hete aquí que en los últimos tiempos oímos cada día más voces que propugnan que todas las lenguas regionales se han de convertir en lenguas oficiales del Estado en igualdad de condiciones con el castellano. Primero se lo escuchamos al PSOE de Pedro Sánchez, comprensible, dado que pretenden colar el imposible concepto de España “nación de naciones”. 

La última incorporación al coro viene de sectores cercanos a Sociedad Civil Catalana, Joaquin Coll o la profesora Vilarrubias, proponen que, haciendo oficial el gallego en Sevilla, el catalán en Valladolid o el vasco en Badajoz, se podrá exigir más fácilmente el respeto para los derechos de los castellanohablantes en las regiones con lengua “propia”. Acertaba en su reciente critica Arcadi Espada, no se trata de derechos, no se trata de que los hablantes de vasco, catalán o gallego no entiendan el español, se trata de que no lo quieren entender y no lo quieren usar con un señor de Sevilla, Badajoz o Valladolid. Haciendo oficiales fuera de sus autonomías las lenguas regionales, se las convierte en nacionales, porque, en definitiva, de lo que se trata es de cincelar en las tablas de la ley que el español no es la lengua de los vascos, catalanes o gallegos. Se trata de negar que España tiene una lengua común. 

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