TRIBUNA

Castigo necesario

|

Todo aquel que cometa un delito debe ser proporcionalmente castigado.

La democracia es imposible sin un Estado de Derecho. Las normas jurídicas son el instrumento idóneo para hacer saber al conjunto de los ciudadanos cuáles son las acciones que les están prohibidas, exigidas o permitidas. El imperio de la ley por tanto supone que la contravención de esas normas implicará siempre unas consecuencias jurídicas. En el ámbito del Derecho Penal, que supone la reacción más intensa del Estado ante la infracción normativa, se pretende proteger aquellos bienes que la sociedad considera más esenciales frente a los ataques más peligrosos contra los mismos. Todo aquel que cometa un delito debe ser proporcionalmente castigado.

Cuando el comportamiento criminal consiste en rebelarse contra el orden constitucional nos encontramos ante un ataque contra la democracia, si además se pretende segregar una parte del territorio nacional, el ataque es contra el pueblo español mismo y su soberanía. Si en el orden de la protección de los bienes jurídicos personales, los ataques contra la vida ocupan la cúspide de la gravedad, en el caso de los bienes jurídicos colectivos, el tipo de delitos que aludimos encierran el mayor grado de peligrosidad, por ello, más que en ningún otro caso, la imposición de penas es una ineludible consecuencia de la necesidad de mantener la convivencia. Es fácil de entender, al procesar a quien ha intentado dar un golpe de estado, no se está juzgando sus ideas, sino la manera que ha tenido de pretender imponer esas ideas a la sociedad.

En el caso de los líderes separatistas enjuiciados en el Supremo, la necesidad de la defensa de la sociedad y la Nación exigen la máxima severidad

En el moderno Derecho Penal la función de la pena tiene una finalidad eminentemente preventiva, es decir, la de evitar, a través de su incidencia en el sujeto condenado y en la generalidad de la comunidad, que en el futuro se ataquen otra vez los bienes jurídicos protegidos. La prevención general opera a través del castigo al autor, que supone para el individuo que lo recibe una privación de derechos, pero también una advertencia disuasoria para otras personas que todavía no han delinquido. En el caso de los líderes separatistas enjuiciados en el Supremo, la necesidad de la defensa de la sociedad y la Nación exigen la máxima severidad contra aquellos que desde sus cargos públicos han secuestrado las instituciones para pisotear el ordenamiento jurídico, retar a la soberanía nacional y amenazar la convivencia del pueblo español.

Suscríbete a nuestro nuevo canal

Todos los españoles hemos sido víctimas del golpe separatista y precisamos conjurar la potencial amenaza de nuevas intentonas golpistas. Sólo a través de la imposición de duras penas se podrán reparar los graves daños causados y recuperar la conciencia social de respeto al orden constitucional y la soberanía nacional de la que emana.

La pena también tiene una función de prevención especial, persiguiendo que su imposición al concreto infractor tienda esencialmente a evitar que éste vuelva a delinquir en el futuro, al menos mientras está cumpliendo su condena, así como a procurar su reinserción social, en la línea prevenida en el apartado 2º del artículo 25 de Constitución. Sin duda una condena ejemplar escarmentará en cabeza propia a los separatistas golpistas y logrará prevenir que no repitan estos infames hechos, pero será curioso ver como Instituciones Penitenciarias lleva a la practica el mandato constitucional de la reeducación del delincuente. Para favorecer la evolución positiva de determinadas clases de presos existen unos programas formativos de educación sexual, vial, valores constitucionales etc, en el caso específico de nuestros separatistas golpistas habría que verles asistiendo a un programa específico capaz de corregir sus actitudes antiespañolas y desarrollar pautas de comportamiento que respeten la soberanía nacional.