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TRIBUNA

Todo por la ETA

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Para cualquier persona con un mínimo de sentido común aparece meridianamente claro que cuando se recibe públicamente a un etarra recién excarcelado con aplausos y cohetes, se está mostrando, no sólo alegría por su puesta en libertad, sino también un apoyo implícito a la actividad que hizo que acabase en la cárcel. Las razones de lo sucedido en Oñate y en Hernani el pasado fin de semana, son las mismas que se vienen repitiendo una y otra vez en Vascongadas cada vez que un asesino de ETA sale a la calle después de cumplir condena. Se trata de mostrar el agradecimiento y el reconocimiento de una parte no desdeñable de la opinión pública vasca a unos individuos que consideran meritorios por haber pertenecido a una banda terrorista que buscaba la independencia de una parte del territorio de España y quería lograrlo a base de bombazos y tiros por la espalda. 

Las “hazañas” por las que se ha recibido con tanto alborozo a Ugarte y Javier Zabaleta «Baldo», no son otras que secuestrar a Ortega Lara uno y haber asesinado a 4 guardias civiles y un militar otro. Las condenas cumplidas por estos asesinos son entendidas por los aberzales como un sacrificio heroico que merece un homenaje por todo lo alto. No hay que ser muy perspicaz para deducir que se está justificando en mayor o menor medida la actividad terrorista pasada de los excarcelados. 

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¿Y eso no es enaltecimiento del terrorismo? Pues según algunos jueces no. No es la primera vez que la Audiencia Nacional autoriza homenajes a etarras, amparándose en la libertad de expresión. La Fundación Villacisneros denunció 196 de estos homenajes a etarras celebrados en 2018, sin que se tenga noticia de condena penal a ninguno de sus organizadores. El Código Penal castiga el enaltecimiento o justificación pública del terrorismo, los actos de descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas, así como la difusión de mensajes o consignas para incitar a otros a la comisión de delitos de terrorismo. La pena se agrava cuando se cometan a través de medios de comunicación, Internet, o por medio de servicios de comunicaciones electrónicas o mediante el uso de tecnologías de la información, articulando, además, la posibilidad de que los jueces pueden acordar, como medida cautelar, la retirada de estos contenidos. En esta clase de delitos la jurisprudencia viene valorando el sentido o la intención de los actos y palabras utilizadas y su contexto, así como el riesgo que se crea con el acto imputado. 

Quizá los señores jueces encargados de enjuiciar estos casos, a la hora de sacar la oposición demostraron que tenían una memoria prodigiosa y eran capaces de embaularse todos los preceptos del Código Penal y repetirlos con la fidelidad de un radiocasete, pero a la hora de aplicarlos lo que demuestran es, con todos los respetos, que en su interpretación de la ley emplean un criterio que no coincide con el del común de los mortales y que desde luego no tiene en cuenta sensibilidad social alguna con las víctimas del terrorismo. 

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La alabanza de la figura de los etarras que han terminado de cumplir sus condenas es incompatible con una sociedad, no ya democrática, sino con un mínimo de decencia moral. De igual modo que sería intolerable que el violador del ensanche o cualquier otro agresor sexual después de cumplir su condena fuese recibido en su barrio entre vítores, al grito de machote, los homenajes a los etarras no pueden quedar amparados en libertad de expresión alguna. Estos comportamientos no merecen la cobertura de derechos fundamentales como la libertad de expresión o la libertad ideológica, pues el terrorismo constituye la más grave vulneración de los derechos humanos de la comunidad que lo sufre. El discurso que subyace en estos homenajes se basa en dar por bueno el exterminio del distinto, en la intolerancia más absoluta, en la pérdida del pluralismo político y, en definitiva, en mantener un clima colectivo que perpetua los efectos del terror. 

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