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El verdadero pacto que necesitamos

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La amenaza de convocar nuevas elecciones de Ábalos ha servido para que desde diversas instancias de nuevo se argumente sobre la necesidad de una reforma de la Ley Electoral. El sistema político que consagra nuestra Constitución en su art. 6 es el del Estado de Partidos, copiado de la constitución alemana, haciendo descansar en los mismos la representatividad democrática y por tanto haciéndolos dueños y señores de la escena política española.

Tras el fin del bipartidismo, aquel modelo que daba la alternancia en el poder a los principales partidos que aglutinaban el voto de las derechas e izquierdas, se ha acabado. Aunque parece que hay mucho interés en reinventarlo. Las voces que abogan por la introducción en España del sistema de segunda vuelta, pese al no tratarse, el nuestro, de un sistema presidencialista, en definitiva, lo que persigue es volver al bipartidismo y que PP y PSOE vuelvan a repartirse el poder pese a la sangría de votos que han sufrido. Todo en aras de la estabilidad y la moderación.

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Qué pena que tan buenas intenciones no hayan caído en la cuanta de la más evidente causa de desestabilización que ha padecido el sistema político implantado por la Constitución de 1978: la fuerte dependencia de la gobernabilidad de España de los partidos nacionalistas. Una situación aceptada y cultivada tanto por PSOE como PP y que se ha traducido en las continuas cesiones que todos conocemos y que han desembocado en la actual situación.

Salvo VOX, ningún partido tiene en su horizonte la supresión del sistema autonómico. Nefasto políticamente hablando, pues la descentralización administrativa, que podrá ser criticada por la ineficiencia de su excesiva burocracia, que se traduce en una mayor carga económica para el contribuyente sin que reciba a cambio unos mejores servicios públicos, no es nada comparada con los males que ha traído la descentralización política.

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Las autonomías han venido a modernizar el caciquismo del siglo XIX, creando inmensas redes clientelares, como ha sucedido con el PSOE en Andalucía, el PP en Valencia, el PNV en País Vasco o CiU en Cataluña. Pero ha sido la descentralización política la que ha puesto en manos de los partidos regionalistas o abiertamente separatistas el destino de los gobiernos de España, instaurando la denigrante costumbre de convertir las Cortes en una lonja, donde se subasta al mejor postor los apoyos parlamentarios. El ejemplo más indecente lo hemos visto con el PNV y su chalaneo con Rajoy y Pedro Sánchez. Pero la práctica ha sido la habitual desde Felipe González o Aznar, que tiraban de la chequera de todos los españoles para pagar los chantajes de vascos y catalanes en investiduras y presupuestos. El zoco no quedaría debidamente retratado si nos olvidásemos de los pequeños partidos regionalistas, llámese C.C., PRC, UPN…, ávidos de sacar alguna tajada a cambio de dar su apoyo a unos u otros. Por no hablar de los barones territoriales dentro de PP y PSOE, siempre preocupados de su cuota de poder y sin escrúpulo alguno para adoptar un discurso nacionalista, como ha sucedido con Feijoo en Galicia o Puig en Valencia. Lo del PSC es ya institucional.

La consecuencia de este sistema, lógica si nos paramos a pensar, es que la soberanía nacional ha quedado condicionada o secuestrada por grupos políticos contrarios a la existencia de la Nación española, y el bien común relegado en beneficio de intereses partidistas y localistas.

Entendemos que quienes vivían tan bien, tan calentitos, a la sombra del bipartidismo alcen su voz para pedir la segunda vuelta.  Otros entendemos que lo urgente sería adoptar una reforma que, como sucede en los sistemas políticos de Portugal, Francia o Alemania, impida que partidos regionalistas, interesados tan sólo en la defensa de cuestiones locales y ajenos al interés general, puedan obtener una representación que condicione los gobiernos de la Nación. Menos aún partidos separatistas, cuyo interés es abiertamente incompatible con la Nación en la que se fundan todos los vínculos de solidaridad de la comunidad política. En vez de segundas vueltas, bien podríamos empezar por convertir el Senado en una cámara territorial, donde estos partidos puedan tener su representación, y, al menos, impedir su presencia en el Congreso, evitando así que los intereses particulares de tal o cual terruño primen sobre el interés de España.

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