La Guardia Civil vuelve a poner el foco en uno de los miembros del Gobierno. Un informe de la UCO revela que el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, intervino directamente en la tramitación de los contratos de mascarillas investigados en el caso Koldo. Los agentes señalan que, cuando Torres era presidente del Gobierno de Canarias, presionó internamente para que se abonaran casi 8 millones de euros a una empresa vinculada a la trama, Soluciones de Gestión, pese a las dudas existentes sobre la calidad del material y la legalidad de los contratos.
