España ha experimentado un estancamiento en el crecimiento de la productividad durante las últimas dos décadas, lo que es una tendencia preocupante. Es importante aclarar que la productividad no se trata de trabajar más horas, como muchos pueden pensar; más bien, se refiere a la capacidad de realizar más tareas en menos tiempo y con menos recursos.
La propuesta de reducir la jornada laboral por ley no es una solución que aumente la productividad, sino que, en realidad, tiende a incrementar los costes laborales. Esto se debe a que no tiene sentido estandarizar una jornada laboral de 35 o 37 horas para todas las industrias y todos los lugares. La productividad no se incrementa simplemente reduciendo el número de horas trabajadas. Un ejemplo de esta realidad se vivió en Francia cuando implementaron la jornada laboral de 35 horas en 1998. En lugar de aumentar la productividad, los datos indican que se redujo. Esto se debe a que la productividad no se incrementa disminuyendo el denominador (las horas trabajadas), sino aumentando el numerador (las tareas y la eficiencia en el trabajo).
Es importante destacar que este debate sobre la jornada laboral parece estar diseñado para desviar la atención de otras cuestiones importantes. Se está hablando de esto de manera extensa, quizás para que no se hable de otros temas cruciales, como el aumento de impuestos indirectos, el incremento de la tributación a las empresas y las posibles consecuencias en términos de inseguridad jurídica debido a decisiones fiscales que podrían alejarse de los estándares internacionales. Una de las propuestas que genera más inquietud es la intención de gravar el impuesto de sociedades sobre el resultado contable, lo cual introduce la doble imposición y la incertidumbre fiscal en comparación con otros países de nuestro entorno. Esto podría actuar como un incentivo negativo para que las empresas consideren la posibilidad de trasladarse fuera de España.
