Desde la llegada al poder de Gustavo Petro hace poco más de un año, en el verano de 2022, sus políticas han generado una serie de cambios notables en la sociedad colombiana.
Un aspecto que ha llamado la atención es el aumento significativo de los secuestros, que han experimentado un alarmante incremento del 80% desde que Petro asumió el cargo. Este fenómeno ha despertado críticas y preocupaciones, ya que el gobierno de Petro ha optado por una política de negociación y tolerancia con diversos grupos armados, en lugar de abordar el problema de raíz.
Entre enero y septiembre de 2023, se registraron 241 secuestros, una cifra que ha inquietado a la sociedad colombiana. Un estudio del Financial Times revela que, durante el mandato de Petro, las extorsiones han aumentado en un 27%, mientras que los asesinatos apenas han disminuido. Datos de un observatorio de derechos humanos indican que en 2023 se han producido 86 masacres, con 277 víctimas, lo que sigue una tendencia preocupante respecto al año anterior, que contabilizó 94 masacres y 300 víctimas.
Estos números, lejos de reflejar la promesa de Paz total que Petro expresó al asumir el cargo, plantean dudas sobre la efectividad de su estrategia contra los grupos armados. La contradicción entre sus palabras y la realidad actual genera interrogantes sobre la dirección que ha tomado su gobierno en materia de seguridad y derechos humanos.
