En su comunicado oficial, CC, OO, y UGT sostienen que “la huelga general interpela a las diferentes administraciones públicas que tienen competencias en materia de vivienda y a las organizaciones empresariales que deben asumir que los salarios tienen que garantizar el acceso a un bien básico como es la vivienda”, buscando extender la responsabilidad a comunidades autónomas y ayuntamientos. Por su parte, la patronal (CEOE y Cepyme) no ha tardado en calificar de inadmisible la convocatoria, cuestionando su encaje jurídico por tratarse de una medida de presión política contra la gestión gubernamental cuyo coste se pretende trasladar a la actividad económica y a las empresas en pleno proceso electoral. Resulta difícil no señalar la flagrante incongruencia temporal. Hay que remontarse a 2010 y a las dos jornadas de 2012, cuando se manifestaron contra las reformas y recortes del Gobierno de Zapatero y de Mariano Rajoy, para encontrar las últimas huelgas generales respaldadas por estos sindicatos.
