Aprovechando su condición de fiscal de carrera, Sofía Puente (entonces al frente de la Dirección General de Seguridad Jurídica y hermana del ministro Óscar Puente) firmó una instrucción a espaldas del Parlamento que desvirtuó por completo el mandato legislativo. Mediante esta orden, el Ministerio de Justicia estableció la presunción automática de exiliado para cualquiera que hubiera abandonado España entre 18 de julio de 1936 y diciembre de 1955, dispensando a los solicitantes de acreditar documentalmente persecución alguna. Ese giro de guion transformó una norma de reparación histórica en un coladero masivo. Al abrir la mano, la instrucción firmada por Puente distorsionó la voluntad de las Cortes y sumó de forma opaca cientos de miles de nuevos votantes, todo ello agravado por la práctica imposibilidad de verificar la autenticidad de las solicitudes.
