Para esta labor de choque no se ha enviado a perfiles técnicos o conciliadores, sino a espadas políticas de primera línea y sin pelos en la lengua, como Óscar López y Óscar Puente. Son ellos quienes verbalizan lo que en la cúspide del Gobierno se piensa. Excusándose en resoluciones como la suspensión cautelar de la ‘ley de nietos’, vinculada a la ‘ley de Memoria Democrática’, o en diligencias sobre la invasión de Ceuta, el discurso gubernamental ha dado un paso más allá. Llegar a sugerir que existen sectores judiciales actuando como peones para «derrocar al Gobierno» o respondiendo a consignas de la oposición traspasa la barrera de la crítica legítima a una resolución judicial. Es una estrategia deliberada de señalamiento que socava directamente la credibilidad y la independencia del Poder Judicial, pilar fundamental de la separación de poderes. Detrás de este estruendo mediático y de este victimismo institucional hay una intencionalidad evidente: desviar la atención de frentes judiciales de calado que afectan directamente al entorno familiar del presidente del Gobierno y que amenazan con salpicar la financiación del propio partido. Sin embargo, recurrir al descrédito sistemático de los jueces no demuestra fortaleza política, sino debilidad. Cuando desde las instituciones públicas se intenta deslegitimar la labor fiscalizadora de los tribunales acusándolos de golpismo o conspiración, el verdadero riesgo democrático no proviene de los autos ni de las sentencias, sino de la propia estrategia de desgaste utilizada desde el poder político. Además, conocemos de cerca la terrible situación a la que se enfrentan los agentes desplegados en Ceuta y cómo la JEC ha frenado los pies al Gobierno en su intento de alterar el censo electoral. En la mesa del análisis: Alejo Vidal-Quadras, Ignacio Basco, Josep Maria Francás.
