El hallazgo de la UCO refuerza la línea de investigación del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, quien ya requirió al PSOE el detalle de todos los pagos en metálico realizados entre 2017 y 2024. Las pesquisas se centraron en el uso del dinero en efectivo tras las pruebas indiciarias halladas en el caso mascarillas, que dibujaban una ausencia de control sobre la caja de la sede central de Ferraz. En el núcleo de las actuaciones que instruye el juez Moreno está la hipótesis del fraccionamiento de aportaciones o pitufeo. La sospecha conjunta de la Fiscalía Anticorrupción y del instructor es que se utilizaron donaciones privadas para enmascarar pagos procedentes de constructoras a cambio de adjudicaciones de obra pública en la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. El cerco documental de la UCO cobra relevancia al cruzarse con las auditorías del Tribunal de Cuentas. El órgano fiscalizador detectó que el PSOE mantenía al cierre de 2020 un total de 295 cuentas bancarias fuera de su contabilidad oficial, con un saldo de 302.189 euros, a las que se sumaron otras 110 cuentas territoriales sin conciliar por un valor superior a los 400.000 euros. En conjunto, el informe reflejó un volumen no controlado superior a los 700.000 euros, fallos sistemáticos en códigos IBAN, cuentas inmovilizadas sin justificación y un incumplimiento en el deber de transparencia sobre donaciones superiores a 25.000 euros. En los procesos de financiación irregular, la prueba documental (las facturas sin soporte, la contabilidad paralela y el efectivo injustificado) suele determinar el recorrido penal. Por este motivo, el análisis del material que faltaba o que figura ilegible resulta crítico para determinar si se incurrió en responsabilidad penal corporativa. De forma paralela, la contabilidad de los servicios jurídicos del partido se encuentra bajo la lupa del magistrado Santiago Pedraz en el denominado caso Leire, donde se investiga si el abono a despachos externos encubrió en realidad pagos a la presunta «fontanera» de la formación para orquestar campañas contra mandos policiales y judiciales. El PSOE ha solicitado a Pedraz un aplazamiento respecto al requerimiento de 48 horas para entregar la información sobre las minutas abonadas entre 2021 y 2025. El partido alega tener sobrecarga por la campaña electoral. En el marco de este mismo procedimiento, Anticorrupción se ha opuesto formalmente a la devolución del teléfono móvil incautado al exjefe de gabinete de Presidencia, Juan Manuel Serrano, al considerar que el terminal contiene información sobre su presunta implicación tanto en las presuntas injerencias judiciales como en la rama de mordidas en empresas públicas. Por el momento, la Audiencia Nacional ha descartado la imputación formal del PSOE como persona jurídica antes de los comicios del 29-N para evitar interferir en el proceso electoral. Además, conocemos las amenazas yihadistas a España y la primera ronda de ‘Sánchez: el salón de la vergüenza’. En la mesa del análisis: Álvaro Ballarín, Javier Pérez, Josep Maria Francàs y Enrique Calvet.
