Las aspiraciones territoriales marroquíes no dan tregua y encuentran voz en su propio gabinete. El ministro de Obras Públicas , el homólogo de Óscar Puente, ha insistido públicamente en reclamar las ciudades autónomas, advirtiendo de que, a pesar de la buena sintonía comercial, Rabat «no retrocederá ni un solo palmo de territorio nacional». Esta línea de presión ya alcanzó su punto álgido con el titular de Asuntos Religiosos quien en presencia del rey Mohamed VI aludió abiertamente a la «liberación» de Ceuta y Melilla. Frente a esta escalada, el silencio dentro del Gobierno español ha sido la tónica general, roto únicamente por la ministra de Defensa, Margarita Robles, al proclamar durante el mes de agosto la completa españolidad de ambas plazas. Un posicionamiento firme que, paradójicamente, le ha valido duras críticas procedentes del propio ala socialista. La invasión ceutí ha destapado además una auténtica guerra de guerrillas dentro de la bancada del Gobierno. Durante más de un mes, la Moncloa ha intentado imponer una narrativa unificada ante las distintas fases del conflicto: las advertencias previas, la reacción marroquí, el despliegue fronterizo y las discusiones por el mando único. Sin embargo, los recelos internos no han dejado de crecer. Unos sectores señalan directamente a Fernando Grande-Marlaska por perder el control de su departamento; otros acusan a Robles de maniobrar para acaparar parcelas de información reservada. Pero el verdadero torpedo contra la versión oficial proviene de los tribunales. La investigación incoada por la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, para depurar responsabilidades sobre la viabilidad y previsión de la entrada masiva, ha desatado el pánico en el Gobierno. La juez ordenó a la unidad investigadora de la Policía Nacional no remitir su informe ni a la Dirección General ni a la cúpula de Interior. Las conclusiones de ese documento secreto hicieron añicos el discurso de la Moncloa, obligando al propio Sánchez a admitir en el Congreso lo que el texto policial acreditaba: que la gendarmería marroquí «permitió el cruce de la frontera» aquel 30 de julio. Las miradas están puestas ahora en el informe encargado a la Guardia Civil el 4 de agosto, clave para determinar si el Ejecutivo desoyó las alertas previas de los servicios de inteligencia. Marlaska ha intentado desacreditar a la instructora quejándose formalmente ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La respuesta de la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ha sido tajante: ha recordado al ministro del Interior que la magistrada Tardón actuó en pleno ejercicio de sus funciones constitucionales y ha exigido «el máximo respeto», subrayando que el órgano de gobierno de los jueces tiene por ley tajantemente vedado censurar u orientar decisiones judiciales. Sánchez se tambalea entre la mentira diplomática y la presión judicial, incapaz de defender la soberanía española mientras utiliza el Estado para tapar sus propias vergüenzas. Su gestión en Ceuta ya no es solo un fracaso de Gobierno, sino la constatación de un proyecto agotado que antepone su supervivencia al interés nacional. Además, Marco Antonio desvela la última hora sobre su compañero herido por la agresión de un marroquí y Meloni bate récords de Gobierno. En la mesa del análisis: Paula Ciordia, Álvaro Ballarín y Enrique Calvet.
