La tentativa de culpar al franquismo, al machismo o a los gobiernos autonómicos de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida carece de fundamento jurídico. La salida de Maricarmen de la vivienda es la aplicación estricta de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, promovida por el Gobierno socialista de Felipe González para extinguir paulatinamente los contratos de renta antigua. Al fallecer la madre de la inquilina en 2005, la subrogación del contrato quedaba limitada por dicha ley a dos años, al no cumplirse los requisitos de discapacidad del 65% (la afectada tiene un 50%) ni los plazos de edad exigidos antes de 2004. El contrato quedó extinto en 2007. La propiedad permitió su estancia durante más de una década y en 2018 le ofreció opciones de compra rebajada y alquiler adaptado que fueron declinadas. El debate evidencia el riesgo de convertir casos particulares en argumentos de agitación política, infantilizando a los ciudadanos y vulnerando el principio de seguridad jurídica. Legislar a medida de cada circunstancia personal o pretender que el propietario privado asuma la función de la asistencia social destruye el mercado del alquiler, expulsando a los pequeños tenedores y dejando la oferta únicamente en manos de estructuras capaces de afrontar procesos judiciales prolongados. El respeto a la propiedad privada es una garantía elemental en un Estado de derecho, de la misma manera que el cariño a un inmueble no otorga la titularidad sobre el mismo. Pedro Sánchez prometió públicamente cuando era candidato a la Moncloa que bajo su presidencia no habría ni un desahucio más en España. La realidad de las cifras oficiales del Consejo General del Poder Judicial desmonta el eslogan: los lanzamientos superan los 25 mil anuales y las ejecuciones hipotecarias alcanzan máximos durante su mandato. La paradoja del caso de Maricarmen es que la anciana a la que la propaganda oficial intenta convertir en símbolo del drama de la vivienda no ha sido desahuciada por la especulación ni por la oposición, sino por la aplicación rigurosa de una ley redactada y firmada por el propio PSOE. Un PSOE que no sólo no ha solucionado el problema de la vivienda sino que lo ha tensionado todavía más. Además, hablamos con Cake Minuesa sobre el aniversario del asesinato de ETA a Juan Carlos Beíro. En la mesa del análisis: Álvaro Ballarín, José Ramón Riera, Josep María Francás y Julio Ariza.
