Según los datos remitidos por el propio Gobierno, a finales de mayo había ya más de 333.000 nacionalizados por esta vía inscritos en el censo de españoles residentes en el extranjero, y otros 238.000 habían solicitado su inscripción. Y desde las elecciones generales de julio de 2023 hasta julio de este año, el CERA ha aumentado en más de 408.000 electores. Estamos hablando, por tanto, de cientos de miles de potenciales votos. De personas que no solo no viven en España sino, que muchos de ellos, jamás han pisado nuestro país. Pues bien, ahora el Supremo ha obligado a poner orden. Ha pedido información a los registros consulares, ha reclamado conocer con qué criterios se ha decidido dónde queda inscrito cada nuevo elector y ha exigido que existan unas reglas homogéneas. No se les está retirando la nacionalidad española a estas personas. Lo que el Supremo ha suspendido cautelarmente son los efectos electorales en determinados casos mientras los tribunales deciden si aquella interpretación realizada por el Ministerio de Justicia fue o no conforme a la ley. Hoy será la Junta Electoral Central la que tenga que empezar a desenredar este problema. Este amasijo de hilos enredados difícil de entender pero mucho más complejo si tenemos en cuenta los intereses políticos y electorales que podría haber detrás. Pero quien tendrá que explicar cómo se creó es el Gobierno. Porque cuando hablamos del censo electoral no hablamos de izquierda o de derecha. Hablamos de algo mucho más básico: de garantizar que cada persona que vote tenga derecho a hacerlo… y de que cada voto emitido tenga exactamente el mismo valor… y resulta difícil de entender cómo este Gobierno quiere regalar el verdadero valor del voto en España. Además, descubrimos el último balance del CIS y una última hora de la juez Tardón.
