Ha transcurrido año y medio desde el cero energético que colapsó el país y, mientras Red Eléctrica, las grandes energéticas y las Administraciones continúan tirándose los trastos a la cabeza sin asumir una sola responsabilidad, son los ciudadanos de a pie quienes están pagando los platos rotos de un sistema inestable.
Para evitar que la red vuelva a caerse, el operador del sistema se ha visto obligado a disparar el uso de los servicios de ajuste, esas operaciones técnicas de emergencia que reequilibran la producción y la demanda a marchas forzadas. Pero este blindaje no lo financian las eléctricas: se repercute de forma directa en el recibo de los hogares. El encarecimiento de este peaje invisible no responde a un episodio aislado, sino a un problema estructural que ha marcado todo el año 2026. Según los datos de Red Eléctrica analizados por Papernest, el coste medio de los servicios de ajuste ha alcanzado los 22,08 €/MWh entre enero y septiembre de 2026, lo que representa un salto del 74,5%. La tensión operativa ha sido constante: en ocho de los nueve meses transcurridos de 2026 se superó el pico máximo de 2025. Traducido, el sobrecoste acumulado es demoledor. Para una vivienda estándar, con 4,6 kW de potencia contratada y un consumo anual de 3.500 kWh, la factura acumulada únicamente por la gestión del post-apagón asciende a 123 euros entre mayo de 2025 y septiembre de 2026. De haberse mantenido el coste medio previo al cero eléctrico, los consumidores habrían pagado 45 euros menos durante este periodo.
La propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha tenido que encargar un informe de urgencia a Red Eléctrica para auditar cómo se están distribuyendo estos gastos y determinar quién debe asumirlos. El debate regulatorio busca resolver si es justo que el ciudadano siga financiando con sus ahorros las deficiencias de seguridad de la red o si deben ser las propias empresas del sector las que asuman la factura de la inestabilidad.
Entre tanto, la batalla de cifras entre las partes evidencia el abismo del conflicto. Mientras las principales asociaciones del sector energético estiman que los costes derivados de la crisis post-apagón superan ya los 4.360 millones de euros hasta mediados de octubre, Red Eléctrica intenta rebajar la tensión acotando a menos de 275 millones de euros el coste de la «programación reforzada» ejecutada en los primeros nueve meses de 2026. Independientemente del balance contable en los despachos, la realidad para los españoles es incuestionable: el apagón de abril los dejó a oscuras durante 24 horas y, 18 meses después, les sigue vaciando los bolsillos cada mes. Además, conocemos todos los detalles sobre las próximas elecciones que evaluarán el papel de Donald Trump como presidente. En la mesa del análisis: José Ramón Riera, Arturo Moreno, Josep Maria Francàs.
