Lo previsible es que Israel proceda con un interrogatorio en una comisaría de migraciones. Podrían ser acusados de haber entrado al país ilegalmente. Un equipo de abogados de la flotilla ya se encuentra en Israel para defenderlos y, en el caso de los ocupantes españoles, el Gobierno de Sánchez ya ha anunciado que contarán con protección diplomática y consular. Una vez interrogados, los ocupantes se podrían encontrar con dos opciones. La primera de ellas sería la de formar un documento de deportación inmediata. Esto implicaría su expulsión del país en un plazo de 72 horas y les libraría de juicio. Pero sería también admitir que han entrado ilegalmente a Israel y podrían tener la prohibición de acceso por un periodo de tiempo determinado o de por vida. El otro escenario es que no acepten firmar ese documento. Si eligen esta opción, Israel les consideraría inmigrantes ilegales y serían trasladados a una prisión a la espera de juicio.
