Hoy, la justicia española, comienza a mirar a Bruselas. Lo ha hecho por partida doble. La Audiencia de Sevilla ha decidido llevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea el caso ERE. El caso que condenó a toda la cúpula del socialismo en Andalucía, con dos expresidentes de la Junta, por diseñar, aplicar y mantener durante años un sistema clientelar de reparto de dinero público. Ahora, tras las sentencias del Tribunal Constitucional que han suavizado, mejor dicho directamente borrado, esas condenas, los jueces sevillanos se rebelan y plantean una cuestión prejudicial a Europa. Porque creen, textualmente, que puede estar en riesgo la lucha contra la corrupción con dinero europeo, que puede haber impunidad futura, y que las sentencias del Constitucional español podrían ser contrarias al Derecho de la Unión. Así está la Justicia en España: cuando el alto tribunal que debe defender la Constitución se convierte en un actor más del tablero político, a los jueces de instancias inferiores no les queda más remedio que apelar a instancias supranacionales. Es decir: recurren a Bruselas para frenar lo que consideran un posible atentado jurídico perpetrado desde Madrid.
