Esta semana resulta crucial para Josep Maria Francàs, quien, al parecer, la percibe como una etapa significativa. Durante el fin de semana, al interactuar con diversas personas, ha notado la veracidad del dicho «tempus fugit», reconociendo que la memoria también puede escaparse, ya que se ha encontrado con lagunas notables en las conversaciones. Considera importante revisar estos puntos, especialmente con la votación sobre la amnistía programada para mañana. Aunque siente que esta votación no constituye la batalla fundamental, sino más bien una escaramuza, podría ser el primer gran error político de Sánchez, según la percepción de Francàs.
Sin embargo, hacia la mitad de la semana, el foco de atención cambia hacia un aspecto que Francàs considera de mayor importancia: las negociaciones en Bruselas sobre el Consejo General del Poder Judicial. A pesar de que los medios de comunicación abordan extensamente este tema, Francàs siente la necesidad de recordar la historia y desmitificar algunos argumentos presentes en el debate público.
Se ha mencionado que el Partido Popular tiene secuestrado al Consejo General del Poder Judicial, afirmación que Francàs desafía al señalar que el término correcto no es «caducado» sino «en funciones». Además, destaca que la responsabilidad de los nombramientos recae en el Congreso y el Senado, así como en los presidentes respectivos de estas instituciones y en los partidos políticos que no logran consensuar dichos nombramientos.
Otro argumento clave que Francàs aborda es la idea de que este supuesto secuestro ha llevado a la creación de vacantes en el Tribunal Supremo y en los Tribunales Superiores de Justicia de las autonomías. Sin embargo, subraya que el Consejo, a pesar de estar en funciones o «caducado», continuó realizando nombramientos hasta que una ley del PSOE impidió tal práctica. De este modo, señala la responsabilidad de Sánchez y su gobierno en dicha situación.
