Después de la devastadora DANA que afectó a la Comunidad Valenciana, el Gobierno español ha decidido absorber fincas privadas arrasadas por las inundaciones, alegando que forman parte del dominio público hidráulico. Propietarios afectados denuncian que podrían quedarse sin indemnización clara y en un limbo legal durante años. Analizamos cómo funciona esta normativa y las consecuencias para agricultores y ganaderos en Requena, Utiel y otras zonas afectadas.
