Hoy en Dando Caña, empezamos con la declaración de David Sánchez, hermano del presidente, esta al ir a declarar entro por la puerta de atrás.
David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado este jueves como investigado en el Juzgado de Instrucción número tres de Badajoz por presuntos delitos contra la Administración Pública y Hacienda. A diferencia de otros investigados y testigos que accedieron al edificio por la entrada principal, Sánchez llegó en un coche que entró directamente al garaje del juzgado, tras la presentación de un escrito por parte de su defensa justificando este acceso debido a la alta expectación mediática.
El caso se centra en la posible creación de una plaza hecha a medida para Sánchez como coordinador de actividades de los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz. Según las sospechas, no se trataría de un puesto necesario desde un punto de vista laboral, sino de una designación por conveniencia política o familiar. Además, se le investiga por un supuesto aumento patrimonial injustificado y una residencia fiscal ficticia en Portugal, utilizada presuntamente para pagar menos impuestos.
Durante la investigación, tres altos cargos de la Agencia Tributaria en Extremadura, citados como testigos, admitieron no haber comprobado personalmente la información contenida en el informe que dio inicio al caso. Este documento, cuestionado por su rigor, parece haber sido elaborado de forma poco precisa. Por su parte, los directores de los conservatorios declararon desconocer quién dirigía la oficina de artes escénicas, e incluso uno de ellos afirmó que el puesto ocupado por Sánchez no era imprescindible. Ante estas acusaciones, David Sánchez declaró que conoció la existencia de esta plaza buscando trabajo a través de internet, desmintiendo así que el cargo respondiera a una necesidad laboral genuina.
La investigación también salpica a Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y líder del PSOE en Extremadura, señalado por crear el puesto que ahora está bajo escrutinio judicial. Este caso no solo pone en tela de juicio la gestión pública, sino que también alimenta el debate político sobre los límites de las concesiones partidistas y familiares en la Administración.
En paralelo, se mencionó la causa abierta por presuntas filtraciones de datos fiscales sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que habrían sido orquestadas desde altas instancias, incluyendo la Fiscalía General del Estado. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, compareció ante el Tribunal Supremo como testigo en este caso. Las filtraciones habrían tenido su origen en la propia Fiscalía y, según declaraciones de Juan Lobato, contarían con la implicación directa del Palacio de la Moncloa. La investigación también ha generado inquietud por las coincidencias en el cambio de teléfonos móviles de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, y el presidente Pedro Sánchez, justo al inicio de las pesquisas.
