La ley de amnistía para los acusados del procés en Cataluña fue aprobada a finales de mayo y ya está publicada en el Boletín Oficial del Estado. El proceso no es automático; cada condenado debe solicitar el cese de los procesos judiciales y la suspensión de medidas cautelares, y los jueces disponen de dos meses para decidir sobre cada caso. La ley es controvertida y ha sido cuestionada por fiscales del Tribunal Supremo y algunos jueces, con posibilidad de ser llevada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además, el Parlamento de Cataluña ha seguido desafiando al Constitucional permitiendo votos de fugados, y algunas condenas podrían ser amnistiadas. El magistrado del Tribunal Supremo ha dado un plazo de cinco días para informar sobre la aplicación de la ley a varios implicados, incluyendo Carles Puigdemont.
