El juez Juan Carlos Peinado ha dado un paso decisivo en la investigación que mantiene abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, un caso sin precedentes en la historia reciente de España. El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid ha requerido a Moncloa que entregue todos los correos electrónicos oficiales de Gómez desde julio de 2018 hasta la actualidad, para que sean analizados por la UCO. Se trata de un avance significativo en una instrucción que comenzó hace más de un año y que, con el tiempo, ha ido sumando delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y, ahora, malversación de fondos públicos. Este último delito está vinculado a la contratación de Cristina Álvarez como asesora en La Moncloa, también imputada, y cuya labor habría, según el juez, favorecido presuntamente los intereses privados de la esposa del presidente. La declaración de Gómez, que inicialmente estaba prevista para el 11 de septiembre, se ha adelantado al 10 a petición de su abogado, debido a otros compromisos judiciales en Canarias. Paralelamente, Peinado ha solicitado información detallada sobre todos los secretarios generales de la Presidencia desde 2018 y sobre quienes autorizaron los pagos a Álvarez, en un intento de esclarecer si los fondos públicos fueron utilizados indebidamente para fines privados.
