A partir de ahora, no estará permitido manifestarse si se interrumpe el tráfico en calles, plazas, carreteras, vías de tren o cuando se esté llevando a cabo obras públicas. En caso de no cumplir esta medida, se establecen penas de cárcel de hasta seis años. Para los responsables de hostigar revueltas o disturbios, se establecen penas de cárcel de hasta cinco años.
La medida más polémica ha sido en relación con los okupas. Este nuevo decreto habla de castigar a quienes sean responsables de okupación arbitraria de alguna propiedad privada. Un delito castigado ahora con entre 2 y siete años de cárcel. La justicia, además, podrá ahora decretar de forma inmediata el desalojo de la vivienda sin la necesidad de esperar la orden de ningún magistrado. Por otro lado, se establece también que las agencias de seguridad italiana puedan participar en grupos terroristas y mafiosos para infiltrarse
