El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado una nueva Ley de Información Clasificada que podría cambiar radicalmente el acceso a la información en España. Esta norma permitirá al Ejecutivo decidir qué datos se consideran secretos de Estado, incluso con motivos tan genéricos como la “seguridad nacional” o la “defensa pública”. Además, la ley podría poner en riesgo el secreto profesional de los periodistas, permitiendo que un juez obligue a revelar sus fuentes en determinadas circunstancias.
