Hoy termina el plazo de la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno. Y termina con una cifra desbordada, con una polémica política evidente y con el Tribunal Supremo permitiendo que el proceso siga adelante mientras estudia los recursos, el último de ellos: ha activado el proceso para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea intervenga contra esta regularización. Lo que el Gobierno presentaba como una medida humanitaria, laboral y necesaria parece tener más tintes políticos y partidistas que el verdadero lado social con el que nos lo intentaron colar. Dice que son personas que ya estaban aquí, que trabajan, que viven entre nosotros y que ahora podrán salir de la economía sumergida. Pero la pregunta que muchos españoles se hicieron el 14 de abril, cuando comenzó el plazo de solicitud no fue otra que si un Gobierno en minoría, sin consenso social ni político suficiente, puede abrir una regularización de esta magnitud sin medir antes todas sus consecuencias? Hoy, dos meses y medio después y cerrando el plazo, no solo no la han resuelto sino que han aportado más sombras que luces en un tema de tal calado. Porque no hablamos de un trámite menor. Hablamos de cientos de miles de personas que podrán acceder a una autorización provisional para residir y trabajar.
