Rubén Pulido denuncia que las administraciones públicas destinaron en 2023 más de 778 millones de euros a programas de acogida e inclusión de inmigrantes, gestionados en gran parte por ONG como Cruz Roja o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Según Pulido, mientras se multiplican las partidas para alojamiento en hoteles, centros y asesoría jurídica para solicitantes de asilo, no existe financiación alguna para frenar la inmigración ilegal en origen, lo que, a su juicio, alimenta el “efecto llamada”. Además, subraya la opacidad de la mayoría de estas organizaciones en la rendición de cuentas, a excepción de Cruz Roja, y alertó sobre el incremento de la presión migratoria en Baleares, que podría convertirse en una “nueva Lampedusa”.
