No es una sospecha. No es una suposición. Son datos. Datos objetivos. Y son, también, profundamente preocupantes. Nuestro país ha pasado en tan solo cinco años del puesto 23 al 14 en el ranking de corrupción política entre los 38 estados miembros de la OCDE. Es decir, nos colocamos entre los quince países más corruptos de las democracias avanzadas. Lo señala el Instituto de Estudios Económicos, utilizando como fuente al instituto sueco adscrito a la Universidad de Gotemburgo. Pero el dato más alarmante no es solo la posición actual. Es la velocidad del descenso. España ha registrado una caída del 178 por ciento en su puntuación desde 2019. Ningún otro país ha empeorado tanto. Ninguno. Ni Turquía, ni el narco estado de México. Todos ellos nos superan en corrupción, sí, pero al menos lo hacen con cierta estabilidad. España ha acelerado hacia el fondo del pozo. Según el informe, la percepción empresarial es demoledora. Un 91 por ciento de las compañías españolas cree que la corrupción está generalizada. Casi el doble que la media europea. Más de la mitad afirma que supone un obstáculo real para su actividad. Y, a pesar de este panorama, el Gobierno no ha aprobado, ni siquiera ha empezado a elaborar, sólo la ha anunciado, la estrategia nacional contra la corrupción que debía estar lista en septiembre de este mismo año
