Bajo el título de «Amenaza al Estado de derecho como consecuencia de los acuerdos del gobierno en España», se inicia un debate crucial en el Parlamento Europeo. El tema central de discusión será la ley de amnistía, cuyo análisis se llevará a cabo en Estrasburgo. Este debate plantea la inquietante perspectiva de una amenaza al Estado de derecho, donde la impunidad parece intercambiarse por el poder, dando lugar a la muerte de la democracia y un golpe definitivo a la separación de poderes.
Es la primera vez que la Eurocámara aborda la situación de la democracia en un país gobernado por los socialistas. Este partido, que ahora se encuentra en la posición de tener que explicar en Europa cómo pasó de negar la inconstitucionalidad total de la amnistía a impulsar y aprobar dicha ley, está bajo escrutinio. La pregunta que surge es hasta qué punto puede el Ejecutivo comunitario cruzar la línea, y cuáles son sus competencias, especialmente cuando se trata de la constitucionalidad de una ley.
Existen precedentes que respaldan la intervención europea en asuntos relacionados con la constitucionalidad de las leyes de los Estados miembros. En el caso de Polonia y Hungría, la Comisión Europea cuestionó la independencia del tribunal constitucional polaco y demandó a Hungría por una ley contra la ideología de género y el colectivo LGTBI. La respuesta de Bruselas fue clara, utilizó sanciones económicas y llevó a ambos países ante la justicia europea.
Al considerar estos antecedentes, surge la pregunta de si Europa debería intervenir y, en última instancia, suspender los fondos europeos en el caso de España. Si no lo hace, se podría interpretar como un doble rasero, donde Bruselas sanciona a ciertos socios incómodos mientras permite que el socialismo actúe según su conveniencia política.
Los hechos son evidentes: un tribunal constitucional bajo el control del gobierno de Pedro Sánchez, un fiscal general acusado de desviación de poder y un gobierno que acepta la persecución judicial por motivos ideológicos. La ley de amnistía, que permite a los políticos amnistiar a sí mismos, agrega un elemento preocupante a esta ecuación, poniendo en tela de juicio los principios fundamentales del Estado de derecho en España.
