El Ministerio del Interior ha adjudicado un contrato de 12 millones de euros a Huawei para que custodie las grabaciones policiales que en muchos casos sirven como pruebas clave en procesos judiciales. La decisión ha generado una fuerte controversia, especialmente porque se trata de una empresa vetada por Estados Unidos y la Unión Europea por motivos de seguridad nacional. La polémica se agrava al conocerse que el secretario de Estado de Digitalización, actualmente imputado, está siendo investigado por acceder supuestamente a través de una puerta trasera a estas grabaciones, llegando incluso a modificarlas. Esta situación plantea serias dudas sobre la seguridad de los sistemas judiciales españoles, el papel del Gobierno chino en la infraestructura digital crítica del país y la transparencia del Ejecutivo en la gestión de información altamente sensible.
