El anuncio de condonar la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de Cataluña, que asciende a alrededor de 15.000 millones de euros, ha generado un fuerte contraste con la situación de los ciudadanos corrientes. Nos encontramos ante un contexto en el que la ciudadanía española se encuentra ahogada por pagar sus hipotecas y por las crecientes facturas mientras que el Gobierno destina miles de millones de euros a aquellos que corrompen la ley.
Esto plantea la percepción de ser tratados como ciudadanos de segunda clase, quienes están destinados a financiar la consecuencia de las decisiones políticas, como la rendición de un presidente que, a menudo, se repite a sí mismo en sus decisiones nocturnas, convencido de que el bienestar de Moncloa vale una misa.
Este acto se percibe como un insulto a todos los españoles que, a pesar de cumplir con la ley y tener derechos establecidos, también cumplen con sus deberes ciudadanos. Mientras tanto, los separatistas, que antes solían entonar el lema «España nos roba», han cambiado su tono a algo más folclórico: «España nos paga y nos perdona». Esta situación deja un amargo sabor de desigualdad en el aire, donde los ciudadanos comunes sienten que están sufriendo las consecuencias de las decisiones políticas, mientras algunos parecen gozar de una inmunidad económica que no se refleja en la realidad de todos los españoles.
