El juicio más incómodo para Pedro Sánchez no está teniendo lugar en el Congreso, ni en el Tribunal Constitucional. Está teniendo lugar en Luxemburgo. Allí, en el corazón de la justicia europea, la Comisión Europea, la institución que vela por el cumplimiento del derecho en toda la Unión, ha hablado con una claridad meridiana: la ley de amnistía no parece responder al interés general. Es, en sus propias palabras, «un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España». Una afirmación demoledora que desbarata por completo la narrativa gubernamental sobre la supuesta reconciliación, el reencuentro o la normalización en Cataluña. Ayer se celebró una vista en Luxemburgo, en el Tribunal de Justicia de la UE, en la que participaron las partes, desde Sociedad Civil hasta la Abogacía del Estado o la Comisión Europea. Es importante la postura que defiende la Comisión porque no tiene ningún interés político o nacional en la cuestión en sí, que es la amnistía. El abogado de la Comisión Europea, Carlos Urraca, no dejó lugar a dudas. Aseguró que las autoridades españolas no atendieron ni las recomendaciones de la Comisión de Venecia ni los principios básicos del derecho europeo. Afirmó que una ley que afecta a las bases constitucionales de un Estado no puede tramitarse con prisa, sin consenso, y menos aún a cambio de unos votos para investir a un presidente.
