La crisis del hantavirus no ha creado los problemas del Ministerio de Sanidad. Los ha revelado. Conviene recordar los hechos con calma, porque la acumulación de errores en esta crisis no es accidental. Es estructural. En 2020, en plena pandemia de covid-19, el Gobierno prometió solemnemente que España nunca volvería a enfrentarse a una emergencia sanitaria sin los instrumentos adecuados. El entonces ministro Salvador Illa anunció la creación de una Agencia Estatal de Salud Pública. Había consenso, había urgencia, había hasta presupuesto: cinco millones de euros. Hoy, seis años después, esa agencia no tiene sede, no tiene estatutos, no tiene órganos de gobierno y no tiene presupuesto operativo. Lo que tiene es un nombre y un expediente. Han pasado cuatro ministros de Sanidad. Cuatro. Illa, Darias, y ahora García. Cada uno ha cogido el proyecto, lo ha anunciado, y lo ha devuelto al cajón. La aprobación formal llegó en 2025, pero la burocracia, o la desidia, se encargó de que quedase en papel mojado. Los expertos del sector utilizan una sola palabra para describir esta demora: relato.
